Se trata de un documento fundamental que servirá de orientación para la gestión cultural de nuestro país. La POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA AL 2030, fue aprobada el 21 de julio del 2020 por el DECRETO SUPREMO Nº 009-2020-MC. Su uso es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno. Y su conducción es responsabilidad del Ministerio de Cultura.

Dicho documento pone de relieve que el centro de la Política Nacional de Cultura es el ciudadano. En ese sentido, se ha identificado el problema público -en el rubro cultura- que requiere de la intervención integral del Estado:

«Limitado ejercicio de los derechos culturales de la población”.

Los derechos culturales se desenvuelven en tres ámbitos:

• Acceso a la vida cultural.
• Participación en la vida cultural.
• Contribución a la vida cultural.

A partir de eso se pueden precisar siete derechos culturales:

1. IDENTIDAD CULTURAL
2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL
3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4. PATRIMONIO CULTURAL
5. EXPRESIONES CULTURALES
6. CREACIÓN CULTURAL
7. COOPERACIÓN CULTURAL.

Para el adecuado disfrute de los derechos culturales es imprescindible tener en cuenta la diversidad cultural -entendida en toda su amplitud- y el aprovechamiento sostenible del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación.

Por otro lado, el estudio de participación en servicios culturales según estrato sociodemográfico, revela que los sectores D y E son los que menos disfrutan de estas actividades, con excepción de las fiestas tradicionales. A mayores dificultades económicas, menor es la posibilidad o el interés en acceder a servicios culturales.

A futuro, las decisiones de gestión no podrán escatimar este problema.

Síntesis elaborada por Virgilio Freddy Cabanillas.

El gráfico ha sido tomado del documento.