PRONUNCIAMIENTO VRIP

Investigación y políticas para los investigadores

La investigación es reconocida como uno de los pilares, sino el pilar fundamental del desarrollo de un país. El ejemplo de los países desarrollados es claro, todos ellos invierten en investigación e innovación tecnológica una proporción de su PBI mucho mayor que los países en desarrollo porque sostienen su sistema económico y productivo sobre la innovación, resultado de la investigación. En el caso del Perú, con una inversión de solo el 0.12% de su PBI en investigación y desarrollo , tiene uno de los indicadores más bajos del mundo, incluso comparándolo con los países en desarrollo. La situación es aún más grave si recordamos que durante muchas décadas la investigación no fue siquiera considerada en los planes del Estado, ni tampoco ha sido un tema en las agendas de los partidos políticos y de los colectivos sociales; aún hoy, hablar de ciencia e innovación y su relación con el desarrollo, se limita a pequeños grupos de científicos y académicos. No se ha tomado conciencia ciudadana del rol fundamental que puede asumir la investigación y la innovación para resolver los problemas del país.
La investigación, como actividad y como proceso, sufrió el abandono de los poderes del Estado, hasta periodos muy recientes, considerándola en todo caso como un sub producto de la actividad de las universidades, no su rol fundamental, o en algún caso labor aislada encargada a algunos centros de investigación aplicada. Durante casi todo el siglo XX pese a esfuerzos bien intencionados, pero poco efectivos, el Estado no brindó ninguna atención a la investigación, ni formuló una política al respecto y tampoco estableció metas o reglamentó su desarrollo.
Esta situación ha cambiado al menos parcialmente, desde la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), como ente rector y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT), a partir de los cuales se ha logrado avances que se deben reconocer. Existe hoy en día una política enunciada y una reglamentación general, en muchos casos discutible, pero que constituye un marco mínimo de acción; y aún más, el Estado ha dispuesto algunos fondos, claramente insuficientes, con los que se busca incentivar, incrementar y promover la investigación científica y tecnológica. Este es un hecho que reconocemos desde las Universidades, en particular desde las públicas que son las que sostienen la mayor parte de la producción científica nacional con contadas y notables excepciones de algunas universidades privadas. En el desarrollo de esas políticas y en su ejecución es donde encontramos discrepancias, que en algunos casos son de detalle, pero en otros casos son de fondo.
Los recursos que el Estado orienta hacia la investigación siempre serán percibidos como escasos por la comunidad académica, porque en realidad son muy escasos y en segundo lugar, porque las necesidades modernas de la investigación exigen grandes inversiones que el Estado peruano no ha realizado. Esas son, sin embargo, discrepancias de circunstancia. Otras son las discrepancias de fondo y en este documento nos referiremos solo a una que consideramos crucial y que no está adecuadamente discutida y mucho menos atendida: los recursos humanos para ciencia, tecnología e innovación.
Los investigadores en el Perú son una especie siempre en riesgo de extinción, o en todo caso una especie en permanente peligro. Las razones son múltiples: no existen, salvo aisladas excepciones, mecanismos institucionales para desarrollar una carrera de investigador científico. Existen premios, reconocimientos, esporádicas ayudas financieras, registros, etc., pero lo cierto es que no existe en nuestro país la posibilidad de iniciar o seguir una carrera de investigador.
Se puede decir que existe un registro de investigadores que recientemente ha recibido una profunda transformación dejando los REGINA por unas nuevas dos categorías y sus subcategorías, sin embargo ese registro es solo eso: un registro de la realidad, no implica un proceso articulado por el cual un joven con interés y capacidades para la ciencia se pueda incorporar para seguir la carrera de investigador. El proceso de formarse como investigador en el Perú continúa siendo de carácter artesanal, basado en impulsos personales y de acogida por personas con mayor experiencia e instituciones. No existe la carrera de investigador y tampoco una política de fomento de la carrera científica en el país.
Los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación, nacen, surgen y muchas veces emigran o se frustran, pero no como consecuencia de un proceso dirigido o regulado por el Estado. Adicionalmente, los investigadores calificados no tienen un horizonte claro y definido para el desarrollo de sus carreras. Son acogidos como docentes en diversas universidades, si éstas tienen Institutos de Investigación y ocupan un lugar allí; si logran contactos con referentes internacionales, coordinan con ellos para sus investigaciones que responden, en muchos casos, a agendas externas. Pero ¿cuál es el futuro de un investigador? No es claro.
Hace un par de años, luego de que se iniciara el REGINA, se decidió que los investigadores de este registro que estuvieran al servicio del Estado recibieran un bono por su condición de investigadores calificados y como sucede en otros países, esta bonificación depende de una continua revalidación de la condición de investigador calificado, por periodos bianuales, hasta el momento. En principio esta decisión es correcta, pero en la ejecución se ha distorsionado su sentido. Desde el 2017, la asignación para el investigador, entonces denominado REGINA, fue solo durante 8 o 9 meses del año, lo que no tiene ninguna justificación, pues la condición de investigador es producto de una trayectoria y se ejerce permanentemente de acuerdo a las calificaciones exigidas, por tanto no hay ni explicación ni justificación alguna para que el bono asignado sea solo aplicado durante algunos meses del año.
El investigador es un profesional que permanentemente se desarrolla como tal, no todo el tiempo está en un laboratorio o gabinete, también asesora tesis, elabora artículos o revisa los de otros y muchas otras actividades directamente vinculadas con la investigación y esa labor es durante todo el año. No se vincula, en el caso de los investigadores docentes con el periodo lectivo ni con cualquier otra periodificación anual. El MINEDU que administra estos fondos y luego los traslada, solo para su ejecución, a las universidades, no ha brindado ninguna explicación más allá de informar que así lo ha programado. Cabe preguntarse entonces por qué persiste hasta el presente año esta práctica. Estas incongruencias de la política de apoyo a los investigadores han causado múltiples reclamos, pero sobre todo la incomprensión de los investigadores. Es necesario que el MINEDU desarrolle una programación de sus recursos financieros para atender lo que es una obligación derivada de una Ley.
Sin embargo esta acción necesaria y urgente no debe desviarnos de lo que debiera ser una política para los investigadores. La creación de la carrera de investigador científico dentro del Estado es equivalente a la de otros profesionales que tienen su respectiva línea de carrera. En el Congreso de la Republica existe un proyecto de Ley en ese sentido, pero que se posterga año tras año. Desde las universidades públicas, que continúan siendo la principal fuente de investigaciones y de investigadores, invocamos al CONCYTEC que asuma la propuesta, que la someta a la discusión que sea necesaria para perfeccionarla pero que se concrete porque no existe ciencia sin científicos y en el Perú no existe esa carrera.
Existen modelos en varios países que nos muestran éxitos en la formación y desarrollo de un grupo profesional diverso pero consolidado alrededor de su producción científica y sus resultados son tangibles. Una política de ciencia y tecnología, no puede limitarse a gestionar fondos escasos o a establecer prioridades, debe cuidar y alentar a su principal insumo: el investigador científico.

Lima, marzo de 2019

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado